La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó que, bajo la administración del presidente Nayib Bukele, el Gobierno ha logrado recuperar más de 11 mil viviendas a nivel nacional que habían sido ocupadas ilegalmente por pandilleros. 

Esta acción forma parte de los esfuerzos por devolver la seguridad y la propiedad legítima a las familias salvadoreñas, como parte del combate integral contra estructuras criminales en el país.

Este martes 6 de mayo, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, participó en la entrevista matutina “Frente a Frente”, donde abordó diversos temas relacionados con la política habitacional del Gobierno. 

Además, la ministra compartió avances en programas de legalización de tierras y acceso a créditos habitacionales, reafirmando el compromiso del Gobierno con el bienestar de la población.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó que más de 350 mil familias fueron afectadas por el caso Argoz, pero que actualmente ya se han regularizado más de 57 mil lotes y continúa el proceso de escrituración para brindar seguridad jurídica a miles de salvadoreños.

Sol destacó que durante la administración del Presidente Nayib Bukele se ha beneficiado a más de 70 mil familias mediante la entrega de escrituras o la legalización de terrenos que por años carecieron de respaldo legal. Este avance representa un hito en la política habitacional del país.

Además, la ministra aseguró que el Gobierno ha logrado recuperar más de 11 mil viviendas que estaban en manos de pandillas, devolviéndolas a sus legítimos dueños y mejorando la seguridad en numerosas comunidades del territorio nacional.

El Ministerio de Vivienda sostuvo una reunión estratégica con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) para fortalecer las acciones orientadas a la promoción de la vivienda social en El Salvador. Este encuentro forma parte de los esfuerzos del Gobierno por ampliar el acceso a viviendas dignas para familias de escasos recursos y dinamizar el sector construcción.

Durante la reunión, se discutieron mecanismos de financiamiento y cooperación técnica que permitan acelerar la ejecución de proyectos habitacionales, así como el diseño de nuevas soluciones adaptadas a las necesidades de la población vulnerable. El Ministerio de Vivienda, que para 2025 cuenta con un presupuesto superior a $11 millones, destina el 65% de estos fondos a obras de beneficio social, priorizando la construcción y mejoramiento de viviendas en zonas de alto riesgo y comunidades de bajos ingresos.

El respaldo del BID, que recientemente aprobó un préstamo de $50 millones para financiar viviendas sociales, y la participación activa de CASALCO, permitirán la implementación de proyectos innovadores y sostenibles, contribuyendo a la reducción del déficit habitacional y a la generación de empleo en el sector.

Con estas alianzas, el Gobierno reafirma su compromiso de garantizar el derecho a una vivienda digna y de impulsar el desarrollo social y económico del país.